La iniciativa presentada por la Parlamentaria busca que las instituciones financieras alerten a los usuarios cuando intenten transferir dinero a cuentas previamente denunciadas por fraude.
La propuesta establece la obligación para los bancos de implementar alertas visibles cuando un usuario transfiera dinero a una cuenta denunciada. Además, considera que el Ministerio Público informe mensualmente a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sobre las cuentas involucradas en investigaciones por fraude, generando así una base de datos pública y actualizada, accesible tanto para las entidades como para la ciudadanía.
El proyecto apunta especialmente a proteger a los adultos mayores, quienes suelen ser las principales víctimas de este tipo de delitos.
